El estudio se enmarca dentro de un compromiso de colaboración entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para realizar actividades dirigidas a reducir la brecha digital y asegurar un acceso equitativo a la tecnología para todas las personas con discapacidad. La investigación proporciona un análisis de la brecha digital entre las personas consumidoras con discapacidad y define propuestas y recomendaciones para su reducción, a fin de avanzar hacia un escenario de consumo inclusivo y sostenible.

Para ello, el documento se divide en tres capítulos. El primer capítulo realiza una aproximación a dos ejes del estudio: el consumo y la discapacidad. El segundo capítulo identifica y analiza las dimensiones y factores determinantes de la brecha digital entre las personas con discapacidad y los impactos en sus derechos fundamentales y digitales. El último capítulo ofrece un catálogo de medidas para mejorar la inclusión digital de este grupo social.

El informe se apoya en documentos propios del CERMI, así como en un corpus teórico conformado por fuentes de autoridad, entre las que destacan organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instituciones gubernamentales como el Ministerio del Interior de España o el Instituto Nacional de Estadística (INE), y asociaciones representativas del sector como la Fundación ONCE y la Fundación Derecho y Discapacidad.

A efectos de adoptar medidas para reducir la brecha digital y favorecer un consumo inclusivo, es más importante la identificación de las causas de la vulnerabilidad que la simple determinación de quienes son vulnerables. Los organismos implicados en la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad han de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y deben hacer hincapié en las capacidades de los mismos para cambiar sus condiciones de vulnerabilidad. El documento también recomienda integrar la perspectiva de discapacidad en todo el sistema I+D+i relacionado con el diseño y producción de nuevos avances tecnológicos, así como en la formación para la creación de tecnologías (como programación y creación de códigos y algoritmos). Asimismo, a fin de centrarse en la convergencia de los resultados de cierre de brecha digital, las autoridades nacionales y locales podrían desarrollar valores de referencia vinculantes que contribuyan a unas políticas de consumo y de TIC inclusivas.